Revocan el protocolo de uso de armas Taser y el Servicio Cívico Voluntario

El Ministerio de Seguridad derogó hoy los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área Patricia Bullrich.

Así quedó dispuesto en la resolución 1231 del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, publicada hoy en el Boletín Oficial.

En el artículo 1 de la resolución, se deroga la resolución de Bullrich por medio de la cual se aprobó el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, en tanto que el artículo 3 deroga el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales.

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Por otro lado, la norma conocida hoy deroga también la resolución de julio de 2019 que creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que había sido creado como "un ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años" e implementado por la Gendarmería Nacional, y se instruye para que "los objetivos y componentes del mismo vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral, puedan ser asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional".

En los considerandos, se indica que "las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario, de tal modo que las tareas encomendadas a esa fuerza son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad".

Por último, se deja sin efecto también la norma que creó el Programa Ofensores en Trenes, por medio del cual los efectivos de fuerzas de seguridad podían solicitar DNI a los usuarios de ese medio de transporte.

Según se establece, esta medida "criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", ya que "se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación".